Lista de prohibición para viajar se basa en “predicciones” y no en pruebas contundentes: admite EEUU

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El Departamento de Justicia dijo que debe cumplir un estándar de “sospecha razonable” de que una persona en la lista negra representa una amenaza. Fotografía: Mike Segar / Reuters.

El gobierno de EEUU se ha visto obligado a admitir en la corte que su lista de prohibición para viajar, bajo el más amplio sistema de vigilancia, se basa en la predicción de delitos en lugar de confiar en los registros de delitos demostrados.

En una presentación casi inadvertida por la prensa ante un juez federal de Oregon, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI admitieron que el impedimento a ciudadanos de Estados Unidos de viajar por avión es una cuestión de “evaluaciones de predicción sobre amenazas potenciales”, según el gobierno afirmó en mayo.

“Por su propia naturaleza, la identificación de las personas que ‘pueden representar una amenaza para la aviación civil o la seguridad nacional’ es un juicio predictivo con la intención de prevenir futuros actos de terrorismo en un contexto de incertidumbre”, dijeron a la corte el 28 de mayo los funcionarios del Departamento de Justicia Benjamin C. Mizer y Anthony J. Coppolino.

Aseguraron que las sentencias relativas a estas amenazas potenciales para la aviación y la seguridad nacional y la evaluación de este tipo de amenazas, son facultades exclusivas del Ejecutivo.

Se cree que es el reconocimiento más directo del gobierno hasta la fecha de que a las personas no se les permite volar por lo que el gobierno cree que podrían hacer y no por lo que ya hayan hecho.

El Departamento de Justicia dijo que debe cumplir un estándar de “sospecha razonable” el hecho de que un individuo en la lista negra represente una amenaza, un escalón por debajo de causa probable.

La declaración sale a colación en un caso de larga data, interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), con el argumento de que el gobierno no proporciona medidas suficientes para que alguien atrapado en las “evaluaciones de predicción” logre ser retirado de las listas negras.

El viernes, la ACLU pidió a la jueza Anna Brown realizar su propia valoración de la tasa de errores en el modelo de predicciones del gobierno -un procedimiento que ACLU asemeja al “pre-crimen” de la ciencia ficción de Philip K. Dick.

“Creo que este es el primer caso en que se pide a un tribunal que revise la base del modelo predictivo del gobierno para la inclusión en listas negras de personas que han ni siquiera han sido acusadas nunca, mucho menos condenadas, de un crimen violento”, dijo la abogada de ACLU, Hina Shamsi.

En marzo, como resultado de la demanda, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a informar a la gente sobre su inclusión en una lista negra de vuelos y que les estaba permitido presentar una “solicitud de indemnización”. El proceso resultante implica que el gobierno realice “una cuidadosa consideración” de las razones para estar en listas negras, con el director de la Agencia de Seguridad del Transporte como árbitro final. La ACLU considera que este nuevo proceso como insuficiente.

Pero el gobierno de Obama está tratando de bloquear que se libere más información sobre las predicciones, aludiendo que implica un riesgo para la seguridad nacional.

“Si el Gobierno estuviera obligado a rendir un informe completo de sus razones para incluir a un individuo en la Lista de no volar y entregar todas las pruebas en que se apoya la determinación de la inclusión, el proceso colocaría información de seguridad nacional muy sensible directamente en manos de las organizaciones terroristas y otros adversarios”, escribió en una declaración a Brown el director adjunto de la división de contraterrorismo del FBI, Michael Steinbach.

Acompañado por Clayton Grigg, del centro de detección de terroristas del FBI, Steinbech afirmó que “meras conjeturas o corazonadas, o el reporte de actividad sospechosa no son suficientes para establecer una sospecha razonable”.

El viernes, la ACLU dijo que las evaluaciones de predicción de la administración plantean un “riesgo extremadamente alto de error”.

Marc Sageman, un ex analista de la CIA contra el terrorismo e investigador académico actual sobre el tema, presentó un escrito de la ACLU donde argumenta que el modelo predictivo del gobierno que sustenta la inclusión en la lista negra no era responsable y riguroso.

“No hay indicios de que el Gobierno haya evaluado la validez científica y fiabilidad de sus juicios predictivos o la información que conduce a estas sentencias, ni ha utilizado un modelo científicamente válido para predecir. La contabilidad de la tasa de error que pudieran derivarse de esos juicios predictivos. Debido a solas estos fallos, juicios predictivos del gobierno no pueden considerarse fiables “, Sageman dijo a la corte el viernes.

Sin un “proceso validado científicamente”, afirmó, los juicios del gobierno acerca de quién representa o no una amenaza terrorista para la aviación “equivalen a poco más de las ‘conjeturas’ o ‘corazonadas’ que el Sr. Grigg desestima como criterios de satisfactoria validez”.

Documentos judiciales anteriores, en este caso y otro relacionado, sugieren que la inclusión en esta y otras listas de seguimiento resultan no sólo de evaluaciones de amenazas.

En abril de 2014, cinco personas, todas musulmanas, afirmaron que estaban de repente impedidos de volar después de haber rechazado propuestas del FBI para convertirse en informantes. Los informantes, además de publicaciones de medios sociales, se han convertido en un factor determinante para el FBI en las detenciones de sospechosos de tener vínculos con al-Qaeda y el Estado islámico.

En julio de 2014, The Intercept publicó una guía bajo vigilancia interna que indica que las candidaturas a listas de vigilancia del gobierno estaban creciendo, con poco rechazo. Mensajes de redes sociales se encontraban entre los criterios aceptables, y las absoluciones en los tribunales no conducen necesariamente a traslado de la lista, de acuerdo con el documento.

“El gobierno está privando a personas inocentes como nuestros clientes de sus libertades constitucionalmente protegidas sin proporcionar un proceso justo para que desafíen a la lista negra y limpien sus nombres”, dijo Shamsi de la ACLU.

(Con información de The Guardian / Traducción de Cubadebate)